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El Senado aprobó en su sesión del 6 de septiembre una propuesta para establecer la Ley de Reciclaje de Residuos de Demoliciones con el fin de establecer el reciclaje de residuos de demoliciones como política pública y alternativa prioritaria para la disposición de estos residuos. La medida requiere el reciclaje en demoliciones públicas y enmienda la Ley Núm. 267-1998, según enmendada, conocida como Ley del Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico para requerir al Centro de Excavaciones y Demoliciones que notifique al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales todo proyecto de demolición.

La medida destaca que a consecuencia de los huracanes y terremotos que han impactado a Puerto Rico en los últimos tres años, se efectuarán cientos de demoliciones que generarán millones de toneladas de escombros. Los residuos de una demolición pueden incluir: hormigón, bloques, madera, metales, asfalto, muebles, enseres eléctricos, y otros derivados.   Los desperdicios no-tóxicos de hormigón, asfalto, ladrillos y bloques pueden triturarse para generar agregados. Los agregados sirven para la adaptación del suelo, para relleno y para producir hormigón y asfalto. El autor destaca que los metales tienen un valor alto en el mercado y la madera es útil para composta y viruta, mientras,  los vertederos tienen una capacidad muy limitada.

Lee la medida: Proyecto del Senado 99

Para atender esta situación se propone establecer el reciclaje como alternativa prioritaria a la disposición de los residuos de cada demolición notificada. Todo proyecto de demolición contratado o subvencionado por cualquiera de las agencias, corporaciones públicas o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico o los municipios, requerirá el reciclaje de aquellos residuos y escombros que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales declare como reciclables. El DRNA podrá eximir de este requisito cuando exista una justificación válida conforme a la reglamentación que establezca al respecto.

El Proyecto del Senado 99, de la autoría del senador William Villafañe Ramos, contó con un informe positivo de la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales.  La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.