El viernes pasado se realizó la vista de la Comisión de Derechos Civiles y Participación Ciudadana del Senado, sobre la propuesta contenida en el P. del S. 19, para crear un panel de ciudadanos que supervisen a la Policía de Puerto Rico en el cumplimiento de los derechos civiles, así como para otorgarle las facultades necesarias para que puedan realizar su función.

Dicho panel estaría compuesto y dirigido por el Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, un segundo miembro designado por la Comisión de Derechos Civiles, un tercer miembro nombrado por el Superintendente de la Policía y los restantes dos miembros serían designados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado. Los miembros del Panel no recibirían salario alguno, pero sí un estipendio de $100 por reunión. El Panel se reuniría al menos una vez al mes para verificar el cumplimiento de los trabajos.

La licenciada Rosa Rodríguez Gancitano, directora ejecutiva interina de la Comisión de Derechos Civiles, acudió a la vista presidida por la senadora Rosanna López León, acompañada de la asesora legal de la Comisión, Hilda C. Sciera. En su ponencia, la Comisión de Derechos Civiles expresó que «en los pasados años, la imagen de la Policía de Puerto Rico se ha impactado adversamente, dado a varios eventos de brutalidad policial y alegadas violaciones a los derechos civiles. Esto ha lacerado la confianza del Pueblo en su Policía».

En la ponencia, se repasaron las acciones realizadas recientemente, como la investigación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se rindió un informe el 5 de septiembre de 2011, donde se especificó un patrón de violación a los derechos civiles, como el uso irrazonable de la fuerza y actos para suprimir los derechos civiles protegidos por la Primera Enmienda, así como incautaciones ilegales en violación a la Cuarta Enmienda. También se detalló la investigación realizada por la American Civil Liberties Union (ACLU), donde se concluyó que los incidentes de violencia policial y violaciones a los derechos civiles no eran incidentes aislados.

«La Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico avala la medida propuesta en este proyecto, la creación de un Panel Ciudadano como entidad autónoma permanente dentro de la Policía de Puerto Rico ayudaría a continuar mejorando las prácticas de investigación y conducta de la Policía de Puerto Rico. Sin embargo, recomendamos que el agente de orden público nombrado por el Superintendente de la Policía, tenga al menos 10 años de experiencia en la fuerza, en vez de 5 años. También recomendamos que no sea necesario que uno de los miembros del panel nombrados por el Gobernador, sea un abogado autorizado a ejercer la profesión en la Isla, porque otro de los miembros, el Presidente del Colegio de Abogados, ya lo es», dijo la licenciada Rodríguez Gancitano.