Por Daniel Rivera Vargas

Aunque un sector de la población no respalda la vacunación contra el COVID-19, los tribunales se están moviendo a proteger la decisión de patronos y entidades de imponer ese requisito.

Sin embargo, la decisión podría recaer finalmente en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Excepciones para no vacunarse contra el COVID-19, si un patrono lo exige

Hasta el momento

La abogada María Judith «Nani» Marchand, socia fundadora del bufete Ferraiuoli LLC, explicó a Microjuris que las decisiones muestran cómo jueces de distintos lugares (Texas e Indiana) y en distintos contextos (una universidad pública y un hospital privado) han validado la existencia de políticas escritas que exijan a vacunación, aunque recordando que hay excepciones.

10 referencias legales en la orden de vacunación

En el caso de la Universidad de Indiana, a los estudiantes demandantes se le reconoció que por una creencia religiosa no debían ser vacunados, y la universidad le concedió acomodo razonable, según contó Marchand.

Actualmente, más de 600 universidades en Estado Unidos están exigiendo la vacuna para regresar a las clases presenciales.

Vacunación obligatoria es respaldada en dos determinaciones federales

En el caso del hospital, según Marchand, quien trabaja temas laborales. se reafirma que los patronos pueden adoptar políticas alineadas a sus necesidades operacionales, siempre y cuando sean uniformes y haya opciones de acomodo razonable para promover la salud de sus personas empleadas y clientes.

«Son totalmente cónsonas con las guías del EEOC», dijo Marchand.

En esta escueta decisión, el juez Lynn Hughes expresó en relación a los 116 empleados demandantes que «pueden elegir libremente aceptar o rechazar la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, si se niega, simplemente tendrá que trabajar en otro lugar».

Marchand entiende que es una apreciación correcta la del juez de Texas porque las empresas privadas pueden hacer cambios en sus políticas, y siempre que sean uniformes, si la persona empleada no está de acuerdo, eso no es impedimento para el patrono establecerla.

«Esto (las decisiones) para mí no me sorprenden para nada. Está alineado con las guías de EEOC. Está alineado con lo que ha pasado en momentos históricos anteriores», recordando que ya se exigen otras vacunas para, por ejemplo, entrar a universidades o escuelas.

«Me parece que el mensaje que se está enviando es bastante claro. Se van a validar las políticas compulsorias; no solo en el empleo, sino en instituciones como universidades», dijo Marchand, aunque recordando que hay espacio para las excepciones médicas o religiosas, debidamente fundamentadas.

Ya hay instituciones como el Departamento de Educación moviéndose hacia la vacunación obligatoria, dijo Marchand, quien destacó que su oficina ha trabajado cerca de una decena de políticas de vacunación obligatoria para patronos y organizaciones académicas.

La abogada no descartó que esto genere conflictos que puedan terminar en pleitos judiciales.

Ante el Supremo federal

Para el licenciado Jose Bagué, la vacunación obligatoria será atendida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos muy pronto y será eje de varias decisiones del alto foro judicial, como ha pasado con la Ley ADA (la ley federal de protección a personas con diversidad funcional).

Entrevistado por separado, Bagué coincidió con Marchand en que ambos casos se tratan de entidades que adoptaron políticas siguiendo los lineamientos del EEOC. Es decir, establecieron políticas escritas, uniformes y proveen alternativas si hay excepciones válidas.

Según el abogado, los jueces tendrán que resolver caso a caso esas excepciones y evaluar si realmente se trata de una razón religiosa, como examinando los dogmas de la iglesia y la creencia de esa persona; o de algo médico, por lo que la persona probablemente tenga que presentar algún documento de un médico para sustentar su alegato.

En casos laborales, los patronos tendrían que tener opciones de acomodo razonable, como el uso del trabajo remoto, en los casos que aplique.

«Ciertamente, por las guías de EEOC, esto va generar mucho litigio, va a abrir todo un campo nuevo de litigio. Tendrá que ser caso a caso, evaluando la razonabilidad de las acciones», indicó.

El COVID-19 ha matado a 2,574 personas en Puerto Rico desde que inició la pandemia hace casi 18 meses, según los datos reportados al 28 de julio de 2021 por el Departamento de Salud.

Aunque según esta agencia el 65% de la población se ha puesto su dosis de vacunación completa, hay preocupación por un reciente repunte de casos.