Ante la gobernadora medida para crear división especializada de violencia de género

28 de julio de 2020

NOTICIAS | Bienestar Público , Familia , Itzamar Peña Ramírez , Legislativo , NOTICIAS , Penal y Corrección , Seguridad , Tecnología , Wanda Vázquez Garced , Zoé Laboy

El Proyecto del Senado 1213, que busca enmendar la Ley del Departamento de Seguridad Pública (DSP) para establecer la División Especializada para Intervención de Casos de Violencia de Género, ya está ante la consideración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Si la gobernadora firmara la medida, la División Especializada para Intervención de Casos de Violencia de Género estará adscrita al Negociado de la Policía de Puerto Rico.

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La intención de la división especializada es evitar que los crímenes por violencia de género sigan siendo investigados —como en ocasiones ocurre— por el Cuerpo de Investigación Criminal (CIC), la División de Homicidios y otras unidades dentro del negociado.

La meta es descentralizar la investigación de crímenes que violentan los derechos de las mujeres.

Las autoras de la medida, la senadora Itzamar Peña Ramírez y la exsenadora Zoé Laboy Alvarado, plantean que la División de Crímenes contra la Mujer trabajaría todos los delitos perpetrados contra las mujeres, incluyendo asesinatos, homicidios, agresiones sexuales, violencia doméstica, desapariciones y secuestros.

De convertirse en ley, el DSP y el Negociado de la Policía de Puerto Rico tendrán 180 días para realizar todas las acciones necesarias para cumplir con lo establecido en ley, mientras que los miembros del Negociado de la Policía que estén adscritos a la unidad deberán contar con adiestramientos especializados para atender, investigar y procesar los casos.

Además, el Negociado de la Policía deberá llevar estadísticas consolidadas de los delitos cometidos contra la mujer y colaborar con la Oficina de la Procuradora de la Mujer para la publicación de los datos.

El proyecto llegó a la Fortaleza el 15 de julio de 2020 y la gobernadora cuenta con 30 días para su aprobación o veto. Es decir, la gobernadora tiene hasta el 14 de agosto para firmar o vetar la medida.

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