Ya llegó a la Fortaleza el Proyecto del Senado 1168, para crear la Ley para Establecer el Derecho al Cuidado Prenatal, Parto y Postparto para Embarazadas Médico Indigente en Puerto Rico.

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La medida dispone que se provean servicios médicos adecuados y accesibles a las mujeres embarazadas médico-indigentes en Puerto Rico, sin tomar en consideración su estatus migratorio.

El proyecto enmienda la Ley de Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico para disponer como beneficiarias del plan de salud del gobierno a las mujeres embarazadas y médico indigente en Puerto Rico, sin considerar su estatus migratorio, de conformidad con la disponibilidad de fondos, exclusivamente estatales, que se asignen para dichos servicios de salud.

El texto del proyecto explica que, aunque el Congreso de los Estados Unidos no ha enmendado los criterios de elegibilidad de los programas federales Medicaid y Medicare para permitir que los inmigrantes con estatus migratorio indefinido puedan solicitar servicios de salud bajo los programas, mediante la aprobación del Children’s Health Insurance Program Reauthorization Act of 2009 (CHIPRA), se permite que los estados utilicen fondos federales para proveerle seguro médico a los menores de edad y a las mujeres embarazadas inmigrantes.

Para esto, las inmigrantes y los menores deberían estar clasificados por el gobierno de Estados Unidos con un estatus migratorio de residentes legales permanentes.

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Algunas jurisdicciones estatales han optado por mayor apertura en sus requisitos de elegibilidad para sus programas de salud y le han extendido servicios médicos a la población inmigrante, siendo sufragados exclusivamente con fondos estatales.

Según aprobada, esta medida crea una cubierta de salud del gobierno de Puerto Rico para proveer cuidado prenatal, parto y postparto a mujeres embarazadas indigentes, sin tomar en consideración su estatus migratorio.

Los fondos para administrar la propuesta provendrán de los ahorros que se logren mediante las medidas certificadas en el plan fiscal aprobado en 2017 por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La medida fue aprobada en el Senado y la Cámara de Representantes en votaciones unánimes y fue enviada el 15 de julio de 2020 a la consideración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Ahora la gobernadora tiene 30 para considerar la firma o el veto de la medida.

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