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El Tribunal Supremo de Estados Unidos (SCOTUS, por sus siglas en inglés) podría ser quien finalmente resuelva la controversia alrededor de la nulidad de la Ley Núm. 41-2022, mejor conocida como la Reforma Laboral de 2022.

Esto, luego que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael «Tatito» Hernández, se presentaron por separado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para pedir que sea el máximo foto judicial quien decida, entre otros asuntos, si la Junta de Supervisión y Administración Financiera tiene el poder para obligar al gobierno local a proyectar los efectos especulativos de una ley que solo afecta al mercado laboral del sector privado y limitar así la función legislativa.

Por un lado, la pregunta central del recurso presentado por Hernández Montañez es si se puede presentar una acción para hacer cumplir las disposiciones de los Títulos I y II de PROMESA ante un juez designado por el Presidente del Tribunal, cuya competencia se limita a casos específicos relacionados con el Título III de PROMESA.

El recurso del presidente cameral también señala la naturaleza recurrente de la situación. Es decir: de la intervención de la Junta de Supervisión en la función legislativa que no está relacionada a recursos de Título III.

De hecho, el presidente de la Cámara destacó que actualmente hay un nuevo proyecto de ley que contiene elementos de la anulada Ley 41-2022 y, a diferencia de su predecesor, tanto el gobernador como la legislatura han emitido divulgaciones amplias y detalladas a la Junta de Supervisión.

Sin embargo, el representante Hernández Montañez destacó que la Junta de Supervisión volvió a expresar su oposición y, a menos que el Tribunal Supremo federal «corrija la grave aplicación incorrecta de la ley, tenemos todas las razones para esperar la presentación de una acción adversaria en el caso del Título III, la cual será dirigida a la juez del Título III, a pesar de que no tenga ninguna relación con los procedimientos de reorganización».

«La controversia en este caso es pequeña, específica, pero de suma importancia para la administración de la ley federal y para la preservación de la confianza del público en el sistema judicial», añade.

Se debe esperar una respuesta de la Junta de Supervisión a este recurso en o antes del próximo 22 de enero de 2024. Usted puede ver el tracto del caso aquí.

Por otro lado, el recurso presentado por el gobernador Pierluisi Urrutia el 20 de diciembre de 2023 plantea dos preguntas ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La primera cuestiona si el Primer Circuito erró al rechazar la prueba de «nexo cercano» en casos relacionados con la Ley PROMESA. La segunda pregunta se centra en si el mismo tribunal cometió un error al interpretar que la Sección 204(a) de PROMESA obliga al Gobierno a proyectar los efectos especulativos de una nueva ley en el mercado laboral privado.

El recurso del gobernador Pierluisi Urrutia plantea que el Congreso no retiró todos los poderes del gobierno electo a través de la Ley PROMESA.

Señala también que, a pesar del estatus colonial de Puerto Rico, para preservar la intención del Congreso al establecer el «incómodo arreglo de compartir poder» entre el gobierno electo de Puerto Rico y la Junta, los límites procesales y sustantivos del poder de la Junta deben ser claros y comprendidos por todas las partes (In re Fin. Oversight & Mgmt. Bd. for P.R., 330 F. Supp. 3d at 689).

El gobernador Pierluisi Urrutia explica que es necesario aclarar el poder de la Junta de Supervisión para poner fin a la litigación continua entre la Junta y los funcionarios electos de Puerto Rico.

De acuerdo con el recurso del primer ejecutivo, la falta de articulación de estándares para el proceso de la Sección 204(a) continúa obstaculizando las relaciones entre la Junta y el Gobierno, alimentando un ciclo de litigios (In re Fin. Oversight & Mgmt. Bd. for P.R., 945 F.3d 3 (1st Cir. 2019) e In re Fin. Oversight & Mgmt. Bd. for P.R., 37 F.4th 746 (1st Cir. 2022)).

El gobernador argumenta que si el Tribunal Supremo federal no interviene, la función legislativa básica de Puerto Rico será absorbida por litigios prolongados y costosos sobre la sustancia y mecanismos del proceso de la Sección 204(a), y el objetivo de PROMESA de lograr estabilidad fiscal a largo plazo será inalcanzable.

Se debe esperar una respuesta de la Junta de Supervisión a este recurso en o antes del próximo 22 de enero de 2024. Usted puede ver el tracto del caso aquí.

El representante Hernández Montañez es un interventor en este segundo procedimiento.

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