La presidenta de la Comisión de Educación y para el Fomento de las Artes y la Cultura de la Cámara de Representantes, Brenda López de Arrarás, anunció hoy que durante el resto de esta semana, las audiencias en torno al Plan Decenal de Educación, contarán con varios letrados y entidades que analizarán los aspectos jurídicos y constitucionales de la pieza.

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La representante señaló que entre los deponentes se encuentra el Colegio de Abogados y el Departamento de Justicia. Para López de Arrarás, el estudio de los aspectos jurídicos del Plan Decenal es fundamental para determinar si el mismo es constitucionalmente viable.

De otra parte, el presidente del Instituto de Investigación y Desarrollo para Estudiantes Dotados, Héctor Rivera, favoreció la iniciativa del Plan Decenal, por considerar que es una propuesta que viene de un grupo que está preocupado por el futuro de la educación y de la sociedad puertorriqueña. Recordó que "los esfuerzos previos siempre han sido dirigidos a tapar rotos y a corregir o remediar situaciones".

Afirmó que del proceso de vistas puede surgir algo bueno y diferente que redunde en buenos resultados. Rivera sostuvo que el análisis del Plan debe considerar hacer justicia salarial a los maestros, fomentar un cambio en el currículo académico; atender las necesidades de los estudiantes, padres y de la comunidad en general y dar participación a los educadores y trabajadores sociales, entre otros.

Por su parte, la Alianza de Autismo y Desórdenes Relacionados de Puerto Rico, manifestó que si el Departamento de Educación cumpliera con las leyes, no habría necesidad de evaluar un Plan Decenal de Educación. La presidenta de la Alianza, Joyce Dávila y la doctora Yolanda González, indicaron que la propuesta, aunque bien intencionada, plantea ideas y conceptos de forma generalizada y con poca definición.

Alegaron que el proyecto ignora a la población con diversidad funcional. "Al examinar la composición de la Comisión Transectorial observamos que una sola persona en un grupo de 33 miembros representará a las familias de sobre 130 mil aprendices con capacidades diversas matriculados en las escuelas del país". A pesar de las reservas, expresaron que favorecerían un proyecto en el que la meta final sea lograr una mejor educación.

Las ponentes reiteraron la importancia de que el Departamento de Educación cumpla con las leyes y que fomente una política de inclusión, donde se respeten y valoren las diferencias de la población que atiende. A su vez, que capacite a los educadores en las estrategias efectivas que sirvan en el salón de clases.

De hecho, Dávila comentó que existen planteles que no cuentan con asistentes para atender a los estudiantes con necesidades especiales. Ante dichas declaraciones López de Arrarás puso a dispocisión la Comisión para servir de enlace y darle el apoyo necesario a dichos estudiantes. Los padres que están atravesando por esa situación, pueden comunicarse a su oficina al (787) 725-2727 y exponer su caso.