Aunque el Departamento de Justicia no tiene impedimentos de carácter legal a la aprobación de un proyecto que crea la «Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Educación Alternativa en Puerto Rico», presentó hoy en la Cámara de Representantes un sinnúmero de recomendaciones que son necesarias para la administración de la política pública que la iniciativa promueve.

En audiencia de la Comisión de Educación y de Organizaciones Sin Fines de Lucro y Cooperativas de la Cámara, presidida por Bernardo «Betito» Márquez, el asesor legal del DJ, Lcdo. Eduardo Rivera, dijo que la pieza de Administración debe otorgar a las entidades de educación alternativa la autonomía y flexibilidad administrativa, operacional y curricular que entiendan convenientes.

«Asignarle al Departamento de Educación la tarea exclusiva de asumir la responsabilidad de impartir y gestionar el establecimiento de escuelas de enseñanza alternativa, implicaría tratar de solucionar el mal de la deserción escolar sin alterar precisamente el esquema en el que se genera», dijo el letrado.

Sin embargo, opinó que sería inadecuado procurar que la implementación de este nuevo concepto de educación recaiga exclusivamente en manos de entidades privadas con fines lucrativos.

«La obtención de los resultados que la medida busca obtener, a base de los costos que conlleva, requiere que todos los recursos sean invertidos en el estudiante, dejando a un lado la posibilidad de ganancias... Por ello, nos parece ideal que esa delegación del ofrecimiento de la educación alternativa al sector no gubernamental, se base principalmente en las organizaciones sin fines de lucro de base comunitaria», sostuvo.

El funcionario del DJ recomendó que se incorpore en el proyecto la disposición relacionada a la educación sexual, por considerar que ese tipo de orientación adelanta el interés del Estado en evitar las consecuencias de la paternidad y maternidad inoportuna. De igual modo, que las escuelas alternativas provean a todos sus estudiantes un mínimo de tres horas semanales de educación física.

Sugirió también, que se consulte con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y con el Departamento de Hacienda, todo lo relacionado a las certificaciones o gestiones que deben realizarse para hacer efectiva la asignación presupuestaria que contempla la medida.

Asimismo, Rivera recomendó que se tome en consideración la postura que tenga el Consejo de Educación, en torno a la creación de la Comisión de Educación Alternativa y los deberes y responsabilidades que asigna la medida legislativa.

Por su parte, el Departamento de Educación (DE), avaló la intención del P. de la C. 3865, por considerar que fortalece y encamina modelos efectivos de educación alterativa. El secretario auxiliar del Área de Servicio al Estudiante, Dr. Félix Avilés, opinó que reglamentar y establecer garantías educativas de calidad es beneficioso tanto para el Estado, como para el estudiantado.

Añadió que «la creación de un cuerpo que establecerá los estándares de calidad para los programas de educación alternativa, así como los indicadores y métricas para evaluar las organizaciones que ofrecen servicios educativos alternativos, brindará al Consejo de Educación Superior una herramienta eficaz para regular a esas instituciones y controlar la calidad de ese tipo de educación».

Avilés dijo que de 2,000 a 2,500 estudiantes se dan de baja actualmente del sistema educativo, convirtiéndose así en desertores escolares.

«Uno de los mayores retos que ha enfrentado el Departamento durante las últimas décadas ha sido la deserción escolar. Aunque el tema ha sido estudiado a profundidad y se han desarrollado propuestas específicas para atender esta problemática, las mismas no han causado el impacto necesario para bajar las cifras significativamente», manifestó el funcionario.

El portavoz del DE recomendó que se enmiende el proyecto para permitir que las entidades dedicadas a la educación alternativa contraten maestros que ostenten licencias o certificaciones provisionales cuando confronten problemas de reclutamiento. De igual modo, que se establezca que los desembolsos que el DE hará a las entidades, deberá estar en cumplimiento con los requisitos establecidos por la Oficina del Contralor.

Asimismo, propuso que se considere crear una oficina para el «Programa de Educación Alternativa», en el DE, para que se encargue de la implantación de la política pública que establezca el Consejo de Educación referente a la educación alternativa.

Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Colegios de Educación Alternativa, Shadiff Repullo, solicitó la inclusión de esa entidad en la Comisión de Educación Alternativa, para brindar representación de todos los sectores al implantar la política pública que procura la legislación. De igual modo, pidió que la asignación de recursos no se limite a la Alianza para la Educación Alternativa.

«La asignación de fondos debe estar disponible para todas las instituciones de educación alternativa licenciadas por el Consejo de Educación y que tengan una trayectoria clara y demostrable de éxito en sus sistemas y metodologías de enseñanza no tradicional», expresó Repullo.

Mientras, la Alianza para la Educación Alternativa favoreció la aprobación del proyecto por considerar que establece una política pública de educación alternativa, regularía y velaría por el cumplimiento de sus estándares de calidad.

«La aprobación de la Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Educación Alternativa», representa una manera innovadora de compartir la responsabilidad y custodia de la política pública y significa un salto en calidad y en los modos de hacer la gestión educativa en Puerto Rico», manifestó la presidenta de la entidad, Lourdes Aponte.

La portavoz de la Alianza explicó que la diversidad de modelos de educación alternativa que implantan las organizaciones que la componen, existen elementos comunes como la formación integral de los estudiantes y los servicios biosicosociales.

«Hemos tenido logros probados... Brindamos nuestros servicios en 13 centros, a través de los cuales se benefician jóvenes de más de 40 municipios con currículos pertinentes, integrando las diferentes materias y con atención al desarrollo personal y de liderazgo de los jóvenes», destacó Aponte.

Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, mostró reservas a la iniciativa, por entender que no es la manera de evitar la deserción.

Finalmente, el representante «Betito» Márquez consignó que acogerá las recomendaciones de los Departamentos de Justicia y de Educación.