Puerto Rico es parte del informe anual sobre derechos humanos que preparó la organización Amnistía Internacional.

Descargue el Informe Anual 2020/2021

Entre las violaciones de derechos humanos señaladas en el informe se encuentran la falta de medidas gubernamentales para atender a miles de personas que se quedaron sin hogar durante los terremotos, el aumento en feminicidios durante la pandemia y el uso excesivo de la fuerza policial durante los toques de queda.

«El 2020 fue un año que puso a prueba a todos los gobiernos del mundo. En Puerto Rico empezó el año con una serie de terremotos que afectaron las viviendas de miles de personas. A más de un año de los terremotos, aún hay cientos de familias que no recibieron las ayudas estatales o federales debido a la burocracia gubernamental. Seguido una pandemia que agudizó la situación de violaciones de derechos humanos en especial entre las poblaciones marginadas del país», expresó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico, Liza Gallardo.

El informe señala el aumento en la violencia de género contra mujeres, niñas y personas trans durante la pandemia por COVID-19. De acuerdo con el informe, existen grandes obstáculos para recibir protección y apoyo debido a las restricciones en la libertad de circulación y la falta de mecanismos adecuados para denunciar a las personas maltratadoras y la reducción o suspensión de servicios.

En el informe también se resalta el uso excesivo de la fuerza policiaca para mitigar el impacto del COVID-19 en el archipiélago.

Sugieren medidas salubristas

De acuerdo con el informe, los gobiernos de las Américas, incluyendo Puerto Rico, utilizaron medidas represivas en lugar de salubristas para mitigar la pandemia por COVID-19.

Según el informe, en algunos casos, hasta intentaron coartar la libertad de expresión.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico sostuvo que en tiempos de emergencia, existe la falsa creencia de que los derechos humanos se dejan sin efectos.

Derechos de la comunidad LGBTTIQ+

En cuanto a los derechos de la comunidad LGBTTIQ+,  el informe destacó el alza de asesinatos asesinatos de personas trans.

El informe resaltó que se presentaron por primera vez cargos federales por crímenes de odio por el asesinato de dos mujeres trans: Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez.

«La comunidad LGBTTIQ es doblemente vulnerable durante las emergencias. La suspensión de servicios y acceso a recursos públicos los pone en desventaja. Los asesinatos de personas trans siguen sin resolverse y el manejo de estadísticas levanta serios cuestionamientos», concluyó Gallardo.

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