Por María Soledad Dávila Calero

Ayer la jueza Laura Taylor Swain dio paso a la declaración informativa sobre el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) que presentó la Junta de Supervisión y Administración Financiera, que a su vez presentó un quinto PAD enmendado.

La jueza Taylor Swain preside la corte de Título III creada por el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act o Ley Promesa, en la que se está llevando a cabo la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.

Para el abogado y experto en Promesa, John Mudd, uno de los aspectos más importantes es que tanto Ambac, que es una aseguradora de bonos, como el Comité de Acreedores No Asegurados (UCC por sus siglas en inglés) informaron que hay acuerdos.

Esto porque Ambac había presentado fuertes objeciones en la audiencia que se celebró el 15 de junio. Entre ellas, Ambac argumentó que el PAD no era viable porque las propias proyecciones de la junta fiscal era que el gobierno caería en déficit para el año 2036.

Por otro lado, el UCC, que representa a suplidores del gobierno, empleados públicos y acreedores contributivos, lleva levantando la queja que la disparidad en el repago entre el UCC y otros acreedores era muy desigual porque al UCC se le ofreció solo un 2% de repago.

Prioridad federal

Aunque está aumentando el apoyo al PAD, lo que podría implicar que para finales de este año se apruebe el plan, Mudd aseguró que la negativa de la legislatura a recortar las pensiones, esbozada en la Ley 7 de 2021 o Ley de Retiro Digno, puede ser obstáculo para la aprobación del PAD.

«Tienes dos problemas: uno, el corte de pensiones es simbólico, ‘que por lo menos parezca que están cogiendo algo de recorte’. Acuérdate que son acreedores no asegurados y en el caso de Detroit ellos cogieron 10% de descuento, aquí están cogiendo 8.5%», dijo Mudd.

«Dos, si le dices a legislatura vamos a eliminar eso, ¿cuál va a ser la próxima demanda de la legislatura?»

Sin embargo, Mudd no descartó la posibilidad de que la jueza Taylor Swain avale el argumento de «preemption» o campo ocupado para la Ley Promesa. Este argumento busca que sea mediante orden judicial y no legislación que se puedan viabilizar las emisiones de bonos nuevas y otras medidas que requiere el PAD.

Además, Mudd también estuvo del lado del argumento presentado por la representación legal de la junta fiscal en la que plantean que la Ley de Retiro Digno afecta la «la buena fe y crédito» de Puerto Rico porque plantea un tope de repago de 58%.

«El Artículo 6, sección 8 de la Constitución dice, si no tienes chavos para pagar todo en el presupuesto, tienes que pagar primero la deuda pública y eso se entiende que es pagar 100%, no es pagar 58%», concluyó Mudd.