¿Qué tienen en común un fotógrafo de obras de arte de 86 años y un joven fanático de juegos electrónicos?

Lo que tienen en común es que su afición por hábitos inocentes les ha convertido en objeto de vigilancia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Durante estas semanas, la organización Advancing Justice junto a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) demandó al gobierno federal por un programa de vigilancia particular que tiene como objetivo monitorear personas aunque estas estén realizando actividades completamente inocentes y constitucionalmente protegidas. Además, según las organizaciones, el programa promueve el perfilado religioso. El programa, llamado "Suspicious Activity Reporting" (SAR), también violenta las propias reglas del gobierno respecto a sus facultades para la recopilación de información de inteligencia de carácter criminal.

James Prigoff es un hombre de 86 años reconocido por fotografiar arte público. Prigoff se ha presentado en universidades y ha exhibido su trabajo en distintos museos alrededor del mundo. En el 2004 fue detenido por oficiales de seguridad en Boston, mientras intentaba tomar fotos de la famosa pieza llamada "Rainbow Swash", que está pintada en un tanque de almacenamiento de gas natural. Varios meses después, el FBI le rastreó hasta su hogar en Sacramento para inquirir sobre sus actividades en Boston.

Por otra parte, Tariq Razak, un joven científico de ascendencia paquistaní se convirtió en objetivo del SAR luego de una visita a una estación de tren en Santa Ana, California, donde tenía una entrevista de empleo. Razak viajó acompañado de su madre, quien vestía un hiyab. Poco tiempo después, descubrió que ello dio a lugar a que SAR le clasificara como sospechoso por ser "un hombre de ascendencia del Medio Oriente" sospechoso porque "estaba constantemente inspeccionando todas las instalaciones del tren" y porque "se encontró con una mujer que vestía una burka blanca en su cabeza".

Algunas de las actividades calificadas como sospechosas y merecedoras del escrutinio del gobierno fueron la compra de videojuegos y computadoras. Muchas de estas personas fueron identificadas por sus convicciones religiosas percibidas.

El Departamento de Justicia federal y un organismo llamado "Information Sharing Environment", entidad post-9/11 encargada de coordinar la seguridad nacional relacionada con el intercambio de inteligencia, han adoptado normas laxas para definir lo que constituye «actividades sospechosas». Estas normas violan un reglamento del Departamento de Justicia federal de 1978 que prohíbe la aplicación de la ley de intercambio de «inteligencia» sobre las personas a menos que la información está respaldada por "sospecha razonable de actividad criminal". La regulación de 1978 se adoptó a raíz de anteriores abusos de vigilancia nacionales.

El gobierno no sólo ignora los límites que no puede cruzar sino que promueve el que guardias de seguridad privada, cajeros de tiendas, dueños de hotel y hasta vecinos recolecten y compartan información sobre conductas inocentes.

Por ejemplo:

• Los hoteles están apercibidos de identificar huéspedes que "soliciten un cuarto específico o locaciones determinadas". También deben identificar quienes usan "teléfonos públicos para realizar llamadas".
• Compañías de alquiler de carros están instruidas de que "proveer múltiples nombres" en los documentos de alquiler de autos se considera una actividad sospechosa.
• Las tiendas deben estar atentas a clientes con "un interés inusual en aviones de control remoto y aquellos que paguen en efectivo".
• El público en general está apercibido de reportar "actividad inusual" incluyendo "personas actuando sospechosamente" y "personas en lugares en los que no pertenecen".

Según portavoces de la ACLU, si "actitud sospechosa" o "estar en un lugar en el que no pertenece" son suficientes para poner a la gente en las mismas bases de datos federales en las que se anota a los terroristas, no es de extrañar que estas bases de datos estén llenas de personas estadounidenses pero de descendencia asiática, musulmana y árabe. Tan reciente como el año pasado, la ACLU encontró un informe que relataba los movimientos de "individuos sospechosos del Medio Oriente que compraron varias paletas de agua".

"Este programa no sólo viola las protecciones relativas a la intimidad, sino que promueve una cultura de miedo y desconfianza, subestimando nuestra libertad sin que ello acarree beneficio alguno", culmina el comunicado.

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