La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico reveló mediante comunicado que durante esta semana radicará una demanda federal contra la Policía de Puerto Rico, por supuestos abusos cometidos contra residentes de la barriada Morales del pueblo de Caguas a quienes representan.

Esta demanda sería la primera radicada por la ACLU contra dicha agencia, por violación de derechos civiles y constitucionales desde que se transigió en 2011 una demanda por un patrón y práctica de violaciones de derechos civiles de parte de la Policía de Puerto Rico contra la ciudadanía. La firma de un acuerdo para reformar la Policía justificó que tanto la ACLU como el Departamento de Justicia retirara sus respectivas demandas. El acuerdo aparenta no haber rendido grandes frutos, pues aún la Policía continúa enfrentando las mismas deficiencias denunciadas.

"Desde la firma del acuerdo para reformar la Policía de Puerto Rico, la ACLU ha intentado reiteradamente la plena integración de los llamados ‘stakeholders’, entes y/o personas que representan las diversas comunidades históricamente agredidas, en el proceso de la reforma. Además, hemos por años abogado por la creación de un mecanismo civil independiente de monitoreo del desempeño policial. Ambos proyectos han recibido el rechazo, tanto de la Policía como del Senado de Puerto Rico", manifestó la ACLU mediante comunicado de prensa.

Sobre el caso particular de la barriada Morales, la ACLU entiende que una racha de impunidad y corrupción por parte de un grupo de oficiales requiere especial atención. "En el caso que ahora radicamos, nuestros clientes fueron víctimas de serias agresiones, amenazas y hostigamiento de parte de oficiales de la Policía por haber intentado documentar serias violaciones de derechos contra un ciudadano aparentemente bajo arresto por oficiales de la división de drogas de Caguas. Nuestra cliente, Xiomara Rivera Cruz se encontraba en estado de embarazo", explica el comunicado de prensa.

En los últimos cinco a seis acuerdos firmados por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con diversos estados, han acordado la necesidad de crear y establecer un mecanismo civil independiente de monitoreo policial. Aún en estados donde ya está establecida alguna forma de monitoreo independiente, los acuerdos requieren otros mecanismos adicionales. Según la ACLU, el acuerdo de reforma firmado en Puerto Rico no incorporó dicha exigencia aún cuando es de conocimiento común que Puerto Rico carece de todas formas de rendición de cuenta y carece además de garantías de acceso a la información pública.

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