por Waldo D. Cobas Quevedo / Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico

Los abogados que reclaman para sus clientes el acceso a documentos relacionados a la investigación que condujo durante seis meses la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) sobre la controversial firma UBS Financial Services en Puerto Rico solicitaron en bloque el lunes al juez Ángel Pagán Ocasio que reconsidere su negativa a la entrega total de los mismos.

El demandante, Manuel Martínez Umpierre, y otros siete interventores, entre los que figura la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y su presidente, Rafael Lenín López, radicaron la moción de reconsideración parcial insistiendo en obtener varios documentos producidos por la propia OCIF en el transcurso de su investigación a UBS.

"Este Tribunal tiene ante sí la encomienda de lograr que los derechos del pueblo a conocer las ejecutorias de la OCIF sean respetados, y de esa manera, sea el pueblo mismo quien fiscalice la labor del ente público", lee en parte la moción de nueve páginas.

Los abogados de los demandantes aludieron que, si el gobierno brinda información y rinde cuentas por sus acciones, los ciudadanos pueden participar de los procesos democráticos.

Los documentos en controversia están contenidos en una caja, dos carpetas y un sobre sellado que la OCIF se ha negado a compartir con los demandantes. En cuanto a la caja, el juez Pagán Ocasio ordenó fuera divulgada de forma confidencial para excluir información financiera y personal alegadamente sensitiva, técnicas investigativas de la OCIF y las impresiones de sus investigadores. Pero los abogados argumentaron que en el caso de Colón Cabrera vs. Caribbean Petroleum Corporation, en el que el juez de instancia denegó la entrega de documentos aludiendo a la Ley de Monopolios que prohibía la divulgación de cierta información de negocios, el Tribunal Supremo ordenó su entrega porque eran el producto de las investigaciones de la entidad supervisora.

Para ganar acceso a las dos carpetas que contienen el informe de hallazgos y referidos de cumplimiento que la OCIF alega contiene información privilegiada de terceros y las técnicas de investigación interna de la agencia fiscalizadora, los abogados explicaron que existen mecanismos para proteger la información sin negarles el acceso a los documentos. Su petición es que les entreguen la información que es atribuible a la investigación e informe de la OCIF.

Similar argumento usaron con respecto al sobre sellado que contiene las notas y memorandos internos de las investigaciones de los investigadores de la OCIF, al esgrimir que el acceso a la información es la norma vigente en el ordenamiento jurídico de la Isla.

Por lo tanto, sostuvieron, todo lo que OCIF generó debe ser divulgado. Un punto que destacaron en su moción fue que la OCIF condujo su pesquisa bajo la Ley 60, que obliga a la dependencia a proteger a los inversionistas y al público en general.

Agregaron que el mes pasado UBS se declaró culpable de cargos criminales a nivel federal de fraude electrónico y aceptó pagar una multa de más de $200 millones. Según la moción, esta sería la cuarta violación de índole criminal de UBS en los Estados Unidos, por las que ha pagado sobre $1,000 millones.

Sin embargo, señalaron los abogados de los demandantes que UBS ni siquiera fue multado por la OCIF y el acuerdo con esta agencia se limitó a que la entidad recompensara en poco más de $1.6 millones a un grupo representativo de sus inversionistas puertorriqueños, lo que consideraron una cantidad pequeña en comparación con las acciones federales.

Trasfondo del caso

El juez Ángel Pagán Ocasio concedió a los demandantes en el pleito civil una parte de los documentos que solicitaron relacionados a un acuerdo de transacción en la cual UBS accedió al pago de $5,181,742 a cerca de la mitad de sus clientes y a la OCIF.

Además de varias personas que tenían cuentas de acciones conocidas como fondos mutuos cerrados y fueron compensados en $1,681,742 por sus pérdidas, al recurso de Mandamus se unió la ASPPRO y su presidente Rafael Lenín López.

Aunque los peticionarios originales sostenían que miles de accionistas de UBS tuvieron pérdidas de más de $6,000 millones, el litigio y la determinación judicial se limitó al balance entre el derecho constitucional al acceso a la información pública y los privilegios de confidencialidad de terceros ajenos al pleito.

Pagán Ocasio le dio la razón parcial a ambas partes en una decisión de 42 páginas emitida el 22 de mayo.

El caso tuvo su origen en un comunicado de prensa del pasado 9 de octubre difundido por la OCIF, en el cual Comisionado de Instituciones Financieras, Rafael Blanco Latorre, anunció que UBS había accedido a la compensación de $1.681 millones a los inversionistas que sostuvieron pérdidas y al pago de otros $3.5 millones al Fondo de Educación al Inversionista de la propia OCIF, tras los hallazgos de un examen de sus operaciones de UBS que comprendió entre enero de 2006 y septiembre de 2013.

En el mismo se mencionaba que UBS accedió a compensar a 34 de sus inversionistas por la referida cantidad.

El abogado arecibeño Manuel Martínez Umpierre, quien sostiene haber sido excluido de la transacción junto a casi igual cantidad de inversionistas de UBS, solicitó infructuosamente por la vía administrativa el informe realizado por la OCIF y los hallazgos de la investigación interna de UBS, incluyendo los anejos y documentos.

Martínez Umpierre quería saber quiénes se habían beneficiado de la transacción, su perfil de inversión, la justificación de UBS para pagar la totalidad de sus pérdidas e identificar a los corredores a quienes la firma de inversiones sometería a un régimen de supervisión estricta.

En su recurso para obligar a Blanco Latorre a divulgar detalles de la investigación que estableció que los corredores recomendaron o autorizaron a espaldas de los inversionistas líneas de crédito o préstamos indebidos de acciones, Martínez Umpierre alegó que mientras la OCIF evitó usar la palabra "multa", la propia UBS utilizó el término en otra intervención de la Autoridad Federal Reglamentadora de Instituciones Financieras (FINRA) sobre la millonaria transacción.

Blanco Latorre indicó al CPI que estaba consultando la sentencia con sus abogados pero se abstendría de hacer comentarios adicionales al momento.

Otros inversionistas se unieron al pleito, algunos de los cuales fueron del grupo de 34 compensados por sus pérdidas, pero querían conocer los detalles de la investigación de la OCIF para enterarse de la razonabilidad del acuerdo entre ellos, la entidad fiscalizadora y UBS.

Dos de ellos arguyeron ante el juez que toda comunicación gubernamental se presume pública, según la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico, y que la OCIF no estableció que existía un interés de mayor jerarquía que superara el interés de mantener al pueblo informado.

Dentro del litigio, el Juez accedió a incluir a UBS como una parte indispensable por un acuerdo de confidencialidad al que había accedido con la OCIF y, aunque la firma de inversiones reconoció que el acuerdo en sí no era confidencial, insistió en que sus anejos y otros documentos sí eran confidenciales.

Entre los argumentos de UBS para mantenerlos en secreto, adujo a la Ley Uniforme de Valores y a que su divulgación "tendría graves consecuencias" para el interés público porque "dificultaría la cooperación" de testigos en futuros casos y complicaría la obtención de información, entre otros asuntos.

Los demandantes consignaron que la Comisión de Intercambio de Valores (SEC) estableció que la investigación de UBS y todos los documentos generados en la misma son de carácter público.