Por Daniel Rivera Vargas

Una abogada puertorriqueña es parte de un grupo que acudió al Tribunal Supremo de Estados Unidos como parte de un reclamo que puede beneficiar a miles de profesionales del derecho: la falta de uniformidad en las reglas de admisión para ejercer en los tribunales de distrito de Estados Unidos.

Lee el recurso aquí.

La médula del caso es que cada una de las 94 cortes de distrito —en Puerto Rico hay solo una corte federal pero hay estados grandes que tienen más de un tribunal federal— tiene reglas diferentes para permitir a una letrada o letrado ejercer.

El caso pide que el Supremo federal intervenga, y que se permita que una abogada o abogado, después que esté admitido en alguna corte estatal, pueda ejercer en cualquier tribunal federal de un estado.

Las dos preguntas que se le piden al Supremo atender en este caso son:

1. Si hay un exceso en el ejercicio de la autoridad reguladora de las 94 cortes de distrito de Estados Unidos al crear «clases de ciudadanos y abogados» con las Reglas Locales
2. Si es constitucional exigir a una abogada o abogado unirse a otro para poder ejercer la abogacía en una jurisdicción.

El caso plantea que si un profesional del derecho está autorizado a ejercer en algún estado, no debería haber impedimento para que se le permita también ejercer en un tribunal federal, esto al amparo del derecho a estar representado legalmente de cada ciudadano, y de la cláusula de entera fe y crédito.

«Cada abogado es admitido a la profesión por una determinación de competencia profesional mediante un acto y registro de una corte suprema del estado. La sección 1738 (del título 28 del Código de Estados Unidos) establece que los actos y registros de una corte suprema tienen derecho a la plena fe y crédito en todos los tribunales de distrito de los Estados Unidos», plantea el recurso.

Según el recurso de 55 páginas, la decisión del Supremo federal de National Institute of Family and Life Advocates v. Becerra, de 2018, ataca la doctrina de expresión profesional (professional speech doctrine), que ha sido clave en proteger los métodos de licenciamiento de la abogacía en la esfera federal en el pasado. Además, se alega también que las cortes de distrito no están cumpliendo con decisiones judiciales y estatutos que ordenan dar entera fe y crédito a las determinaciones de los estados, que plantean una forma de «monopolio», y un «discrimen» en las exigencias para admitir a ese profesional del derecho a ejercer en otro estado, además de que compara algunas pruebas dadas a letradas y letrados ya experimentados como «muros de Berlín». Asimismo, se cita que la American Bar Association en 1995 y 2012 ya ha criticado que los tribunales federales impongan pruebas como requisitos, se plantea que estas pueden ser perjudiciales para mujeres y minorías, y que dar esos exámenes a abogadas y abogados con experiencia «no tiene un propósito útil».

El llamado al Supremo federal es que deben atender este recurso porque las licencias para practicar la abogacía recaen estrictamente en ese foro.

Se trata de un tema que hace cerca de 30 años no es revisado por el alto foro judicial, según el recurso. «Se solicita entonces a esa corte que de forma sumaria elimine este discrimen por licenciamiento de forma sumaria o que expida el certiorari para revisión», indicó.

Abogada «del huracán» levanta su voz

La tesis central del caso es que se deben tratar de igual forma a todos los abogados. «Si todos los hombres y mujeres son creados iguales, todos los abogados somos iguales», reza la primera línea del recurso de certiorari, planteamiento que es repetido en otras instancias del escrito legal presentado por el grupo Lawyers United, Allan Wainwright y la abogada puertorriqueña Evelyn Aimeé De Jesús.

En entrevista con Microjuris.com, De Jesús explicó que ella no cuestiona la reválida federal en Puerto Rico —de hecho, no se menciona en el certiorari, aunque sí lo hacen con las jurisdicciones California, Florida y DC—, porque en la isla se aplica, según ella, un «criterio neutral» para admisión con el uso de la reválida, que puede coger cualquier abogada o abogado admitido en cualquier jurisdicción de Estados Unidos.

Además, comentó que el uso de esa prueba tiene el propósito de garantizar que se protejan adecuadamente los derechos de las y los ciudadanos que necesitan ayuda legal, esto en parte por la exigencia de dominio del inglés en la corte de distrito.

El reclamo de De Jesús surge al mudarse a Florida y encontrarse impedida de ejercer la profesión en el foro federal a pesar de 20 años de experiencia en la abogacía, incluyendo litigación civil en el foro federal de Puerto Rico. Allí le exigen que tome la reválida estatal para poder laborar en la federal, mientras en la Isla, cualquier abogado aceptado en otra jurisdicción estadounidense puede tomar el examen de admisión. La letrada se encuentra en proceso de tomar la reválida en ese estado, donde se mudó recientemente, a un costo de cerca de $10,000.

«Tengo 46 años y ahora estoy comenzando de nuevo… ¿Por qué tengo que pasar estas vicisitudes cuando puedo estar ya dando servicio a la comunidad? Yo voy a pasar mi reválida pero tengo unos derechos y puedo estar ayudando a personas de la comunidad que no hablan inglés. ‘I have to defend that right‘ pero para yo poder ayudar al prójimo tengo que ayudarme a mí también», sostuvo la abogada.

La letrada explicó que ella fue una damnificada por el huracán María, y que esto la llevó a mudarse a Florida.

«Lo perdí todo. Se me mojaron los expedientes en mi oficina en Caguas. Me tuve que ir a Tampa con tres maletas y dos gatos», recordó.

Según De Jesús, no hay justificación válida para exigir una reválida federal para ejercer en un distrito. La letrada entiende que es suficiente ser abogada. Dio como ejemplo que ella está por ser abogada admitida a nivel estatal en Puerto Rico, autorizada para ejercer en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer y el Undécimo Circuito, con el trámite de documentos y un pago, pero no puede ejercer todavía en Florida.

«¿Qué criterio puede haber que no sea evitar que alguien que no sea de tu gallinero pueda llevar el caso?», sostuvo.

Ante lo que define como que «no hay uniformidad en cuanto al acceso de los abogados admitidos en las cortes de Estados Unidos», la letrada dice que «le corresponde al Supremo federal regular y uniformar qué harán con los practicantes de derecho".

«Estamos hablando de mi sustento, el de mis compañeros, el de los abogados de Puerto Rico que necesitan ganarse su sustento; lo hago por mí y por los demás», sostuvo.

En entrevista telefónica desde California, el abogado de De Jesús en este pleito ante el Supremo federal, Joseph Robert Gianinni, resaltó la importancia del caso que están litigando.

"Este caso para los abogados es equivalente a Brown v. Board of Education para la gente negra, busca una igualdad que actualmente no les proveen las cortes de distrito de Estados Unidos que ellos merecen y necesitan", sostuvo Gianinni, quien también denunció que tanto el juez que resolvió el caso a nivel de distrito como uno de los jueces en el apelativo debieron inhibirse.

Gianinni, quien dijo que Lawyers United representa al momento a cerca de 200 abogadas y abogados, reconoció que en el pasado se ha llevado este argumento pero no ha prosperado. Dijo, sin embargo, que recientemente ha habido decisiones del Tribunal Supremo que favorecen sus argumentos.