Por Daniel Rivera Vargas

Una de las organizaciones más respetadas en la comunidad jurídica en Estados Unidos, la American Bar Association (ABA), se unió formalmente al reclamo para ponerle fin a los llamados casos insulares.

La expresión de la ABA es parte de la resolución 404 de la Asamblea de Delegados de la entidad. «La ABA apoya los esfuerzos para restaurar los derechos, libertades y protecciones proporcionados por la Constitución de los Estados Unidos a los pueblos de los territorios de los Estados Unidos, de modo que se les otorguen los mismos derechos, libertades y protecciones que a los pueblos de los Estados».

La organización, cuyas expresiones a favor de la entonces nominada y ahora jueza del Tribunal Supremo federal Ketanji Brown Jackson tuvieron mucho eco en las vistas de confirmación de la magistrada, expresamente rechazó los casos insulares: «La ABA se opone a la ‘doctrina de incorporación territorial’ establecida por los casos insulares, por ser contraria a los principios enunciados por la Constitución de los Estados Unidos y la jurisprudencia posterior sobre derechos civiles».

La resolución contó con el endoso de los colegios de Abogados de Nueva York (NYSBA), que hace poco creó un grupo de trabajo especial sobre territorios estadounidenses, y el de Islas Vírgenes (VI Bar). Sherry Levin Wallach, presidenta de la NYSBA, y Anthony Ciolli, expresidente del VI Bar, se expresaron a favor de la resolución. No se reflejó oposición, según se indicó.

La iniciativa de la ABA fue divulgada por Neil Weare, presidente y fundador de Equally American, entidad que aboga a favor de los territorios y que promueve que Estados Unidos atienda adecuadamente "sus problemas con colonias".

«Es genial ver a la ABA haciendo su parte para rechazar los casos insulares racistas y ayudar a desmantelar el marco colonial que establecieron. La resolución de hoy es un paso significativo para abordar la propia historia de la ABA, dado que el padre de la ABA, el profesor de la Facultad de Derecho de Yale, Simeon Baldwin, fue una de las voces más prominentes que escribieron en apoyo de las controvertidas teorías legales que se convertirían en los casos insulares «, dijo Weare.

El tema de los casos insulares fue discutido incidentalmente por el juez Neil Gorsuch el caso de Estados Unidos v. Vaello-Madero, en el que en votación de 8-1 se insistió que Puerto Rico no tenía porqué participar del programa de Seguro Social Complementario (SSI), afectando a cientos de miles de residentes de la Isla que pudieron haber recibido cientos de dólares mensualmente de ese programa.

Aunque los casos insulares no eran el tema central de Vaello, sí son un tema de fondo porque en esta doctrina de casos se hacía expresiones discriminatorias contra los oriundos de los nuevos territorios como Puerto Rico.

Además, los casos insulares son uno de los temas centrales en el caso Fitisemanu v. United States, que podría discutirse en la próxima sesión del Supremo federal que arranca en octubre. En este caso un grupo de personas de Samoa Estadounidense específicamente pide derogar esta línea de casos. En este litigio, el Departamento de Justicia federal tiene hasta el 29 de agosto para expresar su posición ante la solicitud de certiorari en este caso.

Weare también es abogado de los demandantes en el caso Fitisemanu, y dijo en sus declaraciones escritas que cerca de 3.6 millones de personas son afectadas por los casos insulares por negarles igualdad de derechos que el resto de los ciudadanos americanos.

«A medida que instituciones como la ABA lidian con su papel en la contribución histórica al problema de las colonias de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos debería revaluar cómo sus acciones en los tribunales continúan haciéndolo incluso hoy en día», concluyó Weare.

Los casos insulares de inicios del siglo pasado justifican el trato desigual a Puerto Rico y otros territorios en el tema de derechos y privilegios. Además de que muchas personas consideran esta jurisprudencia como racista, recientemente es descrita por el juez del Tribunal Supremo federal Neil Gorsuch como «ley podrida».