Luego del verano de 2019 en Puerto Rico, el término «residenciamiento» (en inglés, «impeachment») resuena con algo de familiaridad. Muchos fueron los medios que mediante reportajes y columnas de opinión explicaron en qué consistía el proceso de residenciamiento que disponía nuestra Constitución con respecto a la figura del Gobernador de Puerto Rico ante los sucesos que llevaron a Ricardo Rosselló a su dimisión voluntaria para evitar el juicio político de la Asamblea Legislativa. El término vuelve a surgir -esta vez en la capital federal de Estados Unidos- al palio de lo que dispone la Constitución de los Estados Unidos. Al parecer, existe prueba contundente de que el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, cometió actos que podrían estar sujetos a un juicio político de residenciamiento, al usar su política exterior y sus poderes militares para solicitar (y coaccionar) al presidente de Ucrania para interferir con las elecciones presidenciales del 2020. Nancy Pelosi, portavoz de mayoría en la Cámara de Representantes estadounidense, ha confirmado que la Cámara actuará rápidamente para investigar esta amenaza a la democracia, la seguridad nacional y la separación de poderes.

¿Aún no estás suscrito a Microjuris? Házlo aquí. ¿Necesitas cumplir con tus créditos de Educación Jurídica Continua? Házlo en nuestra sección de cursos en línea.

Ante la posibilidad de que la Cámara baja investigue los pormenores de una denuncia que realizara un oficial de inteligencia, cobijado por las salvaguardas en ley para un denunciante (Whistleblower Protection Act of 1989, 5 U.S.C. 2302(b)(8)-(9), Pub.L. 101-12; Véase Presidential Policy Directive 19 (PPD-19), entitled «Protecting Whistleblowers with Access to Classified Information»), varios congresistas del ala demócrata han adelantado que es muy probable que haya base para someter al Presidente de los Estados Unidos a un proceso de residenciamiento ante el Congreso de los Estados Unidos. A continuación, en Microjuris al Día detallamos varios apuntes del proceso establecido en la Constitución federal.

El residenciamiento como cuestión de «checks and balances»

La Constitución de los Estados Unidos establece un gobierno republicano en el que el principio rector de la separación de poderes es la garantía que evita la tiranía de una rama del gobierno sobre otra, creando así un sistema de balance, con poderes compartidos. Por lo tanto, el balance entre las ramas del gobierno federal se manifiesta en aquellas disposiciones en que la Constitución le asigna funciones a una rama, que deben ser sopesadas y compartidas con otras ramas de gobierno. Un ejemplo de esto es que, al concederle el poder de vetar legislación aprobada por el Congreso, la Constitución le asigna a la Rama Ejecutiva una función importante en el proceso de aprobación de las leyes, que es un rol mayormente conferido a la Rama Legislativa. Por otro lado, al delegar en el Congreso el poder para residenciar altos funcionarios de las ramas Ejecutiva y Judicial la Constitución delega a la Rama Legislativa la función de enjuiciar su conducta, obligando así tanto a la Rama Judicial, como a la Ejecutiva a tener que responder al poder congresional (mediante el juicio político) sobre si sus funcionarios deberán ser juzgados para que abandonen sus cargos o si pueden o no continuar en sus puestos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reiterado en varias ocasiones que, si bien el modelo constitucional crea una relación de interdependencia entre las tres ramas del gobierno, ninguna de éstas puede usurpar aquellos poderes que hayan sido delegados exclusivamente a una rama en particular.

En ese contexto el proceso de residenciamiento es la dinámica mediante el cual la Rama Legislativa realiza un juicio político que vincula a altos funcionarios de las otras dos ramas. El desenlace de ese proceso podría terminar en la seria repercusión de sacar del cargo a un funcionario debidamente nombrado y confirmado -y en el caso del Presidente o Vice Presidente, debidamente electo. El artículo I de la Constitución de los Estados Unidos, organiza el poder legislativo federal. Establece sus poderes y sus límites, entre ellos dispone que «[l]a Cámara de Representantes elegirá su Presidente y demás funcionarios y sólo ella tendrá la facultad de iniciar procedimientos de residencia«. U.S. Const. art. I, § 2 cl. 5. De igual forma prosigue, estableciendo que:

Tan sólo el Senado podrá conocer de procedimientos de residencia. Cuando se reúna para este fin, los senadores prestarán juramentos o harán promesa de cumplir fielmente su cometido. Si se residenciare al Presidente de los Estados Unidos, presidirá la sesión el Juez Presidente del Tribunal Supremo. Nadie será convicto sin que concurran las dos terceras partes de los senadores presentes.

La sentencia en procedimientos de residencia no podrá exceder de la destitución del cargo e inhabilitación para obtener y desempeñar ningún cargo de honor, de confianza o de retribución en el Gobierno de los Estados Unidos; pero el funcionario convicto quedará, no obstante, sujeto a ser acusado, juzgado, sentenciado y castigado con arreglo a Derecho. U.S. Const. art. I, § 3.

Por otro lado, en el artículo 2 de la Constitución federal -que organiza el poder Ejecutivo con la figura del Presidente de los Estados Unidos como el líder electo de esa rama- se establece que «[e]l presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos de sus cargos mediante procedimiento o residencia previa acusación y convictos que fueren de traición, cohecho u otros delitos graves y menos graves». U.S. Const. art. II, § 4. (... Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.)

Principios del «impeachment»en el modelo constitucional estadounidense

Con las debidas citas mencionadas podemos establecer los siguientes principios del proceso de residenciamiento en el modelo constitucional de los Estados Unidos. De entrada, el lenguaje de la Constitución que especifica los motivos apropiados para el residenciamiento («Conviction of Treason, Bribery, or other High Crimes and Misdemeanors») se considera uno amplio, indefinido y de ninguna manera se limita a la comisión de delitos penales ni hace referencia a un estándar judicial donde se tenga que probar la conducta más allá de duda razonable. No obstante, el poder del Congreso para descargar este poder, aunque amplio, no es ilimitado. El lenguaje constitucional presume que estamos ante una conducta donde ha mediado culpa, no simples errores de juicio o mero desacuerdo político. Tampoco trata del equivalente de un voto parlamentario moderno de «no confianza» y no se debe permitir que el proceso de desvirtúe a esa dinámica propia de los sistemas parlamentarios. No obstante, la amplitud responde a que estamos ante un juicio político, y no ante un proceso meramente judicial. Así lo explica Alexander Hamilton cuando en 1788 escribía sobre este proceso en el Federalista 65 y 66, al establecer que «[c]omo tal, el juicio político ‘nunca puede ser atado’ por reglas estrictas, ya sea en la ‘delimitación del delito’ por la Cámara o el juicio por el Senado». Véase Michael Stokes Paulsen, To End a (Republican) Presidency, 132 Harv. L. Rev. 689 (2018).

El profesor Michael Stokes Paulsen (de la Facultad de Derecho de St. Thomas) establece en su análisis que el poder de residenciamiento es una parte esencial del principio de separación de poderes y del esquema de pesos y contrapesos de la Constitución. El término «crímenes y delitos menores» («High Crimes and Misdemeanors») no tiene un significado fijo, limitado y determinado. Por el contrario, los redactores tomaron prestado conscientemente este concepto amplio e indefinido -proveniente de Inglaterra- que otorga un rango sustancial de juicio al Congreso sobre qué tipo de mala conducta constituye lo suficientemente grave como para justificar la destitución de un funcionario de su cargo. La frase «altos delitos y faltas» es un término histórico-legal artesanal, sentencia Paulsen, pero considera que es uno con de amplio significado y rango de aplicación.

Prosigue Paulsen estableciendo que el proceso de residenciamiento claramente no se limita a la comisión de delitos comunes, propios del derecho penal, aunque muy bien podría ser el caso. Los padres fundadores del modelo constitucional estadounidense diseñaron la destitución como un procedimiento político limitado a la separación del cargo, al tiempo que se preserva la posibilidad separada de una posible acusación penal en caso de que de los hechos surja que el funcionario sujeto al proceso de residenciamiento haya incurrido en conducta tipificada como delito. Véase Michael Stokes Paulsen, Taking Impeachment Seriously, Law & Liberty Rev. (2018).

Por lo tanto, al ser un juicio político donde los acusadores tienen amplia discreción para hacer conclusiones que finalmente terminen en un proceso ante el Senado que resulte en la separación del cargo de un oficial electo, es necesario tener en mente ciertos principios. El proceso que se lleve a cabo con miras al residenciamiento de un oficial electo, como lo es el Presidente de los Estados Unidos, debería contar con las garantías mínimas de un debido proceso de ley, ya que tales garantías impartirán legitimidad a dicho proceso, indistintamente de si en ese espacio procede o no hacer alegaciones de Debido Proceso de Ley en su vertiente procesal. En ese sentido, el Derecho es auxiliar al proceso político. Una mirada legalista y poco pragmática podría causar lo que Hamilton explicaba en sus escritos, que era un temido resultado de que el proceso termine dominado por animosidades partidistas de política pequeña. Si bien el Congreso puede reglamentar el proceso de residenciamiento, nada impide que el cuerpo legislativo dentro de su capacidad adopte garantías que eviten un resultado contraproducente a la estabilidad política de cara a un año eleccionario.

En esa dirección el Profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Harvard, Laurence H. Tribe, en su más reciente libro en conjunto con Joshua Matz, entiende que «[e]l procedimiento [Impeachment] es en el que las ideas románticas sobre los legisladores -en su rol como ‘la voz del pueblo’- chocan con la realidad institucional. Un buen proceso es crucial para tomar decisiones reflexivas, precisas y legítimas. Es a través de estas reglas que el Congreso evalúa la evidencia y estructura sus deliberaciones … Por lo tanto, las acusaciones deben ser justas y parecer justas». Véase Laurence Tribe & Joshua Matz, To End a Presidency: The Power of Impeachment, New York, N.Y.: Basic Books, (2018).

En esa dirección, Robert Reich, economista, profesor universitario, columnista, comunicador y político estadounidense, recientemente ha advertido que el proceso constitucionalmente válido y establecido está imbricado con el proceso político de cara a una elección en el 2020. Mediante esa advertencia, Reich hace un llamado a mantener un esfuerzo de proteger la integridad del proceso político del residenciamiento, a la vez que llama a salvaguardar los procesos políticos que se avecinan en los próximos 13 meses.

Hoy por hoy, todo parece indicar que veremos en los próximos meses procesos legales para citar testigos, toma de declaraciones bajo juramento y mucha efervescencia política de cara a un posible proceso de residenciamiento. Las implicaciones socio-políticas y contingentemente jurídicas ampliarán la discusión. Microjuris.com, en aras de mantener al lector informado, facilitará al lector de los documentos necesarios para un mejor flujo de información y análisis fáctico de los hechos, según transcurren.