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La Cámara de Representantes aprobó la legislación propuesta para enmendar la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores  y establecer la política de no discrimen en cualquiera instalación de vivienda la cual incluye las personas adultas mayores LGBTTIQ+ , esto en atención  a los retos que enfrentan a la hora de obtener este tipo de vivienda.

El Proyecto del Senado 427, de la autoría de las senadoras María de Lourdes Santiago y Ana Irma Rivera junto al senador Rafael Bernabe, pasa ahora a la consideración del gobernador Pedro Pierluisi para su firma o veto.

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La medida legislativa dispone enmiendas a la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores y a la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, conocida como la Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada con el fin de requerir cursos sobre la diversidad de problemas que enfrentan las personas adultas mayores de las comunidades LGBTTIQ+ para la obtención del Certificado de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en el Cuidado de Personas de Edad Avanzada. Además, establece como requisito a los establecimientos de cuidado de adultos mayores desarrollar una política interna contra toda modalidad de discrimen por orientación sexual o identidad de género, real o percibida.

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El texto de la medida destaca que las personas LGBTTIQ+ son un sector considerable de la creciente población de personas adultas mayores en Puerto Rico y una gran parte de estas personas viven en soledad y sin acceso a servicios esenciales, principalmente por falta de descendientes y por el discrimen que aún sufren por parte de su familia. Se resalta que el acceso a la vivienda es un problema grave que enfrentan grupos de todas las edades de las comunidades LGBTTIQ+.

Los autores citan que una encuesta llevada a cabo por «The National Senior Citizens Law Center» titulado  «LGBT Older Adults in Long-Term Care Facilities: Stories from the Field» reveló que las personas adultas mayores que se identifican como LGBTTIQ+ y residen en establecimientos de cuidado enfrentaron discrimen directamente por su orientación sexual e identidad de género, real o percibida, en las siguientes experiencias: al 6% se les negaron servicios básicos o tratamiento médico por profesionales del establecimiento, el 11% tuvieron restricciones en visitas, el 14% sufrió acoso verbal o físico por profesionales del establecimiento, al 20% le rechazaron admisión o readmisión, o fueron removidos del establecimiento, y el 23% sufrió acoso verbal o físico por parte de otros residentes.

Por lo cual, el Proyecto del Senado 427 establece medidas combatir toda modalidad de discrimen en cualesquiera instalaciones de vivienda que exista para las personas adultas mayores, incluyendo, pero sin limitarse a: Complejos de Vivienda, Hogares Propios, Égidas, Condominios, Residenciales Públicos y Establecimientos para el Cuidado de personas de edad avanzada licenciados por el Departamento de la Familia o cualesquiera otra agencia, departamento o entidad gubernamental.

Otra de las disposiciones de este estatuto contempla la inclusión de cursos sobre la diversidad de problemas que enfrentan las personas adultas mayores que pertenecen a las comunidades LGBTTIQ+ como requisito para obtener el Certificado de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en el Cuidado de Personas de Edad Avanzada. El certificado es requerido mediante legislación para trabajar en un establecimiento de cuidado para las personas adultas mayores. Se asegura que esto generaría un ambiente más seguro para los residentes de estos establecimientos. Esta Ley también requerirá que los establecimientos de cuidado para personas adultas mayores desarrollen una política interna para prohibir toda modalidad de discrimen por orientación sexual o identidad de género, real o percibida, para sus residentes y sus trabajadores.

El Departamento de la Familia tendrá  60 días para atemperar sus reglamentos a las disposiciones de esta Ley.  Además, la Oficina de Licenciamiento demitirá una comunicación en la cual se le requerirá a todas las entidades registradas a adaptar sus currículos actuales en el área social, a los fines de incorporar la capacitación con relación a la política pública de no discrimen y la protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos de todas las personas adultas mayores en Puerto Rico.