La Legislatura tiene ante su consideración un nuevo proyecto que enmendaría la Ley de la Judicatura para impedir que ex jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico que se acojan al retiro, puedan dedicarse a la práctica del litigio.

En específico, el Proyecto de la Cámara 921 establece que si el juez retirado decide reactivar su práctica privada de la profesión como abogado, la misma podrá abarcar todas las áreas de la práctica jurídica como la academia y el asesoramiento jurídico, excepto aquella práctica que requiera su comparecencia en procedimientos judiciales, administrativos y métodos alternos para la solución de conflictos, representando tanto a personas, naturales o jurídicas, o a cualquiera de las agencias, dependencias, instrumentalidades o municipios del Estado Libre Asociado.

De igual forma, la normativa también prohibiría que los ex jueces comparezcan en procesos administrativos y métodos alternos de resolución de conflictos, a menos que comparezcan en representación propia.

«La práctica privada de la profesión legal en el país es muy diversa y con gran frecuencia requiere la comparecencia del abogado ante foros administrativos, tribunales, o ante el propio Tribunal Supremo. Somos del criterio que la práctica profesional de los ex jueces del Tribunal Supremo tiene que ser regulada a los fines de evitar hasta la percepción de impropiedad que su comparecencia en los distintos foros puede provocar en el público sobre el sistema judicial de nuestro país. Los ex jueces retirados, todos, incluyendo los del Tribunal Supremo, gozan de una alta estima y respeto de la sociedad en general», explica el proyecto en su exposición de motivos.

Según el representante Carlos Bianchi Angleró comentó al periódico El Nuevo Día, podría haber un conflicto de interés cuando un ex Juez Presidente, que es la entidad que nomina a los jueces administradores, decide litigar nuevamente frente a esos propios jueces.

«No es lo correcto. Debe haber un poco mas de transparencia y, por eso, mi empeño con la medida es que se restrinja su labor en esa parte de sus facetas privadas», indicó Bianchi Angleró.

La Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado y la Judicatura deberán atemperar o aprobar reglamentación conforme a dicho proyecto, si este se convirtiera en ley.