Descarga el documento: McCoy v. Louisiana

Un reciente caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos aborda una controversia que por mucho tiempo se ha discutido entre abogados criminalistas: qué hacer cuando un cliente se niega a confesar un crimen capital y el abogado entiende que la mejor estrategia para evitar una condena de muerte es a través de una transacción.

El caso fue McCoy v. Lousiana, decidido el pasado 14 de mayo de 2018. El peticionario, Robert McCoy, fue acusado de asesinar a la madre de su esposa, a su padrastro e hijo. El hombre se declaró no culpable por asesinato en primer grado, insistiendo en que tenía una coartada, pues estaba fuera del estado al momento en que se cometieron los crímenes y que fue un policía corrupto quien asesinó a las víctimas.

A pesar de que McCoy declaró siempre su inocencia, el Tribunal Supremo permitió que su abogado, Larry English, le comunicara al jurado que McCoy cometió los tres delitos. La estrategia de English consistía en aceptar que su representado había cometido los delitos pero argumentar que este estaba en un estado mental que le eximía de ser encontrado culpable por asesinato en primer grado.

En el mismo proceso, McCoy testificó sobre su inocencia, y habló sobre su coartada. Durante la fase penal, English volvió a argumentar que McCoy era culpable, solicitando clemencia ante el estado emocional y mental del acusado. Habiendo recurrido de la sentencia por causa de la acción de English, el Tribunal Supremo de Luisiana determinó que el abogado tenía la autoridad necesaria para comunicarle al jurado que este era culpable.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos le garantiza a los acusados el derecho a decidir los objetivos de su defensa y a insistir que su abogado se retraiga de admitir culpabilidad, aún cuando su experiencia le indique eso es lo más adecuado para evitar una pena de muerte.

Escribiendo para la mayoría de 6-3, la juez Ruth Bader Ginsburg determinó que, «con la libertad individual -y, en casos de pena capital con la vida en juego- es prerrogativa del acusado, no de un abogado, decidir el objetivo de su defensa: admitir culpabilidad con la esperanza de obtener misericordia en la etapa de sentencia o mantener su inocencia, dejando que el estado demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable».

La decisión indica que:

1. La Sexta Enmienda garantiza a cada acusado la representación de abogado para su defensa, pero el acusado no renuncia completamente el control de su defensa al abogado.
2. El alcance del abogado es la administración del juicio pero algunas decisiones están reservadas al cliente- incluyendo si va a declararse culpable: renunciar a su derecho a juicio por jurado, testificar en su propia defensa y si va a apelar.