Por Paola Arroyo Guzmán

El licenciado José Maes Aponte en entrevista con Microjuris conversó sobre las implicaciones si finalmente la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés)  reclasifica el cannabis como una droga menos peligrosa.

«El anuncio ha generado definitivamente expectativas, movimiento y alegría. Además, ocurre en un momento muy particular, coincidiendo con un año electoral. A veces, tales coincidencias no son fortuitas. Sin embargo, es crucial reflexionar sobre las expectativas creadas y profundizar para comprender las posibles consecuencias. Es importante recalcar que se habla de ‘posibles consecuencias’ ya que nada está asegurado», señaló, haciendo hincapié en la incertidumbre del asunto.

Atentos a la posibilidad de una nueva reclasificación de la marihuana como una “droga menos peligrosa”

De igual forma, aclaró que no es un procedimiento iniciado en la DEA, sino que se trata de una iniciativa que se discutía públicamente desde 2022, directamente de voz del secretario del Departamento de Salud federal, Xavier Becerra, por instrucciones del propio presidente Joe Biden.

En 2023 el Departamento de Salud de Estados Unidos refirió a la DEA una propuesta para reclasificar al cannabis de una sustancia clasificación I -sin uso médico actualmente aceptado y con un alto potencial de abuso- a una clasificación III –potencial moderado a bajo de dependencia física y psicológica-.

Actualmente, el lenguaje de la DEA sobre el cannabis es severo, y la vincula con alucinaciones, taquicardia y paranoia.

«En Puerto Rico la Ley de Sustancias Controladas tuvo un procedimiento similar mucho más sencillo y, a veces, a uno de le olvida la historia porque pasan muchas cosas. Pero, ese mecanismo que hoy está usando el gobierno federal en la esfera estatal fue lo que permitió el uso medicinal del cannabis en la isla», comentó el profesor mentor del Pro Bono Política Pública y Derecho sobre Cannabis de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

Recordó que en aquel momento el gobernador Alejandro García Padilla autorizó, mediante orden ejecutiva, el uso medicinal de la marihuana.

«Quienes no profundizaban en el análisis jurídico afirmaban que un cambio como ese y una política pública como esa no podían aprobarse sino mediante ley, cuestionando así la legalidad de la orden ejecutiva del gobernador Alejandro García Padilla. Sin embargo, en Puerto Rico, la Ley de Sustancias Controladas local otorga a la Secretaría del Departamento de Salud la facultad de reclasificar, incluir o excluir sustancias de la lista de sustancias controladas a través de un simple acto administrativo».

Destacó que, este tipo de proceso administrativo, tiene que estar bien fundamentado y «de alguna manera motivados».

«Y, eso fue lo que ocurrió en Puerto Rico. Fue un acto u orden de la Secretaria de Salud en aquel momento de la doctora Ana Rius de reclasificar la marihuana».

Maes Aponte recordó la Ley Núm. 42-2017, Ley de Cannabis Medicinal, la cual permite el uso de cannabis para fines médicos, incluyendo su utilización por parte de personas aptas para trabajar. Este proceso formalizó la política pública, agregó.

Recordó, de igual forma, que en Estados Unidos lo que busca hacer es trasladar el cannabis de la clasificación I a la clasificación III, el cual se considera menos peligroso pues son drogas con un potencial moderado de abuso y un uso médico aceptado.

Por lo tanto, nos enfrentamos al siguiente paso del procedimiento. Después de que el Departamento de Salud federal emita su pronunciamiento y recomendación, es responsabilidad de la DEA evaluar dicho informe y, basándose en ciertas consideraciones, decidir a favor o en contra de la reclasificación propuesta.

Indicó que, tras la noticia, las empresas del sector del cannabis han experimentado una importante subida de sus acciones tras la recomendación de la DEA de reclasificar la marihuana como sustancia menos peligrosa.

¿Qué ocurre ahora?

«Ahora es tarea de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca evaluar la recomendación de la DEA, considerando su viabilidad y su impacto económico. Una opinión favorable de la Oficina de Presupuesto podría resultar en un ‘ruling’ temporal, que en realidad es un borrador y una propuesta. Sin embargo, es importante destacar que aún no se trata de una decisión final. En este punto, el asunto regresaría a la DEA para llevar a cabo una consulta pública».

Dijo, a su vez, que es importante enfatizar que luego habrá un espacio para realizar una consulta pública en la cual las personas podrán participar para emitir comentarios. «(En esta etapa) pueden participar cualquier persona. Eso es una publicación como las otras consultas que se hacen y se tienen que publicar en el registro federal».

«Una vez se cierra el periodo de comentarios comienza un proceso a cargo de un juez administrativo para corroborar si se cumplió con el debido proceso para adoptar reglamentación de este tipo».

Estableció que el tiempo de demora hasta que se logre reclasificar el cannabis es incierto. «Es algo que es especulativo. La oficina de presupuesto no tiene un término para opinar. Tampoco sabemos cuánto duraría la consulta pública, que te ordinario son 90 días, pero eso no esta estipulado por ley».

Algunos ejemplos bajo la clasificación III incluyen la ketamina y varios esteroides anabólicos. Bajo la clasificación I se encuentran las drogas peligrosas como la heroína y el LSD.

Para el abogado este paso, de oficializarse, podría ser un paso para que los bancos comiences a financiar la industria. Actualmente, solamente una cooperativa en el archipiélago financia este tipo de negocios.

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